Eran las once de la noche cuando sonó mi teléfono. Era Marcos, gerente de una pyme industrial que llevaba tres meses preparando un proyecto de digitalización para IVACE. Faltaban cinco días para el cierre del plazo.
—Vicent, perdona la hora —me dijo—. Estoy repasando la memoria por tercera vez y algo no me cuadra.
—Léeme la cifra del presupuesto de la memoria.
—42.380 euros.
—¿Y el presupuesto del proveedor que tienes que adjuntar como anexo?
Silencio. Después, un «espera, dame un segundo» que se alargó más de la cuenta.
—Aquí pone 42.830.
—Ahí tienes tu problema. Cuatrocientos cincuenta euros de diferencia entre lo que declaras y lo que adjuntas. Si lo presentas así, el organismo te pedirá una subsanación. Y eso, en el mejor de los casos, son semanas de retraso.
—¿Y ahora qué hago?
—Llama mañana a primera hora al proveedor, pide que te reemitan el presupuesto con la cifra correcta, y lo sustituimos antes de mediodía.
A las doce y cuarto del día siguiente, el expediente estaba corregido.
Lo que me llevé de esa noche no fue nada nuevo desde el punto de vista técnico. Fue la costumbre que mantengo desde entonces con cada cliente: revisar la memoria contra los anexos con días de margen, nunca con horas. Cuatrocientos cincuenta euros no habrían tumbado el proyecto. Pero sí habrían retrasado la resolución semanas, en un calendario donde cada semana cuenta.
Desde esa llamada, cuando alguien me dice «ya está todo listo», le hago siempre la misma pregunta antes de dar el visto bueno: ¿lo has comparado cifra a cifra?
