
La asociación alquilaba su sede desde hacía cinco años.
Local céntrico. Precio razonable para la zona. Contrato de arrendamiento en regla.
El gasto aparecía en la justificación de varias subvenciones. Sin que nadie lo hubiera cuestionado nunca.
Hasta que miramos quién era el arrendador.
El propietario del local era el presidente de la asociación.
No lo ocultaban. Constaba en el contrato. Todo el mundo en la junta directiva lo sabía.
Pero no constaba en la memoria de las cuentas anuales. No había acuerdo documentado de la junta aprobando la operación. No había comparativa de precios de mercado que justificara que las condiciones eran las de un tercero independiente.
Una operación vinculada sin documentar.
En una entidad sin ánimo de lucro, eso no es solo un problema contable.
Es exactamente lo que señalan los organismos de control cuando revisan si los fondos públicos se han gestionado con transparencia.
El presidente no se había enriquecido. El precio era de mercado. La intención era buena.
Pero las formas importan.
En el tercer sector, la transparencia no es opcional.
Es el contrato implícito con la sociedad que confía sus recursos en estas entidades.