
La llamada llegó un jueves por la mañana.
«Habéis ganado la licitación.»
Carlos Jiménez llevaba tres años presentándose a ese mismo contrato público. Tres años preparando memorias técnicas, ajustando precios, mejorando cada propuesta. Su empresa de servicios de mantenimiento industrial en Valencia era buena. Lo sabía. Y por fin alguien más lo había reconocido.
Colgó el teléfono.
Se levantó de la silla.
Fue a la sala donde estaba el equipo y dijo tres palabras.
«Lo hemos conseguido.»
Cuarenta y ocho horas después llegó el email del departamento de contratación del organismo público.
Documentación requerida para la formalización del contrato. Una lista de doce puntos.
Carlos la leyó deprisa, buscando algo que pudiera ser un problema.
Punto 7.
«Estados financieros auditados de los últimos tres ejercicios, junto con los correspondientes informes de auditoría.»
Lo leyó otra vez.
Llamó a su gestor contable.
«Oye. ¿Nosotros tenemos cuentas auditadas?»
Pausa.
«No, Carlos. Nunca habéis estado obligados. Llevamos la contabilidad al día, pero auditoría externa no habéis hecho nunca.»
Carlos cerró el email.
Luego lo volvió a abrir.
La Ley de Contratos del Sector Público exige que las empresas acrediten su solvencia económica y financiera cuando concurren a contratos por encima de determinados umbrales. Uno de los medios de acreditación más habituales es precisamente la presentación de cuentas auditadas.
El pliego de condiciones de esa licitación lo recogía con claridad. Carlos lo había leído. Pero no había llegado a la parte de la acreditación de solvencia con la atención que merecía.
Hacer tres auditorías retrospectivas en el plazo que daba la administración para aportar documentación no era viable.
El contrato fue para el segundo clasificado en la valoración técnica.
Cuando Carlos fue a ver a su asesor, la conversación fue corta.
«¿Cuánto vale el contrato que hemos perdido?»
Carlos dio la cifra.
«¿Y cuánto cuesta una auditoría anual?»
La respuesta fue, como mínimo, diez veces menor.
«¿Y cuántas licitaciones más vas a presentar los próximos años?»
Carlos no respondió. No hacía falta.
La auditoría voluntaria no es un trámite burocrático para empresas grandes. Es una herramienta que las empresas medianas y pequeñas pueden utilizar para abrirse puertas.
En el ámbito de la contratación pública, tener cuentas auditadas permite acreditar solvencia de forma sencilla y creíble. En el ámbito privado, grandes clientes corporativos, grupos de empresas y compañías internacionales exigen cada vez más que sus proveedores estratégicos dispongan de cuentas verificadas por un auditor independiente.
Carlos renovó el contrato al año siguiente. Esta vez, con tres años de auditorías bajo el brazo.
Ganó.
En Mare Nostrum Auditores llevamos más de 20 años auditando empresas valencianas, muchas de ellas con contratos públicos y privados que requieren cuentas verificadas. Si tu empresa va a presentarse a licitaciones o quiere estar preparada para cuando llegue esa oportunidad, podemos ayudarte. Antes de que llegue el punto 7.